La Sociedad Rural Argentina (SRA) le informó a sus socios que podrían hacer reclamos individuales contra la suba del inmobiliario rural; Carbap analiza un camino similar
12 de marzo de 2024 14:37
LA NACION
La polémica por el fuerte incremento del impuesto inmobiliario rural por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires sigue tomando más temperatura en el ambiente agropecuario y en el sector buscan diferentes caminos para revertir dicho aumento. En este escenario, la Sociedad Rural Argentina (SRA) envió una carta a sus socios para plantearles las posibilidades que cuentan para hacer frente a los “aumentos desmedidos, donde se vulneraron los topes aprobados en la Ley fiscal 2024″. Allí mencionan la opción de la vía judicial. También la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) puso la lupa en un análisis para un camino en la Justicia.
“Si usted está en los casos alcanzados por los aumentos que no corresponden, la primera opción es pedir la revisión de la factura a través de la página web de ARBA en la sección ‘Atención, reclamos y consultas’. Esto lo tiene que hacer el titular ya que solicitan datos de la partida. La segunda opción es hacer un reclamo individual ante el Poder Judicial. Al ser temas patrimoniales, debe hacerlo cada uno individualmente, no pudiendo actuar la SRA como en forma colectiva”, detallaron en la misiva de la Rural.
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“Entendemos que las facultades delegadas por el Poder Legislativo a favor de ARBA han generado esta suba desmedida y las complicaciones que nos tocan vivir”, añadieron.
Según alertaron días atrás en Carbap, hay productores que tuvieron por algunas de sus parcelas subas que superan el 500%. En la Legislatura bonaerense se aprobó una escalera de incrementos de hasta el 200% para el caso de una base imponible de hasta $198.940.000. Por encima de ese número no se fijó tope. El campo rechazó esto último y pidió no más del 200%.
Incluso hay partidas donde el impuesto inmobiliario complementario [en este caso se suman las distintas partidas] tuvo un incremento de más del 600%. Por ejemplo, una empresa agropecuaria que el año pasado pagó $164.000 por el complementario, este año, en junio próximo, deberá abonar la suma de $1.280.000. Otro caso, una compañía del sector que a mediados de 2023 debió pagar a ARBA alrededor de $670.000, este año el valor es de aproximadamente $3.800.000.
En esa línea, la semana pasada, la Mesa de Enlace provincial envió una carta al gobernador Axel Kicillof para tener una reunión y darle una solución al respecto pero aun no tuvo respuesta positiva. “Hemos pedido una reunión con el gobernador. Hemos hablado en Expoagro con el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez y enviado la documentación que demuestra lo mal liquidado que están hechas las partidas pero él entiende que ARBA lo ha hecho bien. Tenemos el excel armado con todos los valores e información que así lo demuestra”, dijo a LA NACION Horacio Salaverri, presidente de Carbap.
“Pero estamos molestos porque esa respuesta de Kicillof se hace esperar, el tiempo pasa y se vencen las cuotas y nosotros seguimos aguardando en ese sentido”, añadió.
El tema de ir por el no pago que propusieron algunas sociedades rurales y productores autoconvocados ayer en Salto no es un buen mensaje para el sector, entienden en las entidades. Porque, si bien reconocen que existe una “incapacidad de pago” en parte del sector, la cuestión de no abonar lleva al productor automáticamente a que le modifiquen el scoring que tiene ARBA y comienzan a retenerle y a percibir el 2,2% o el 3% del impuesto.
“Por nuestra parte, como entidad seguimos trabajando en ese sentido. Ayer le hemos enviado una nota a los legisladores provinciales para que intercedan con el gobierno de Kicillof para que se postergue el tributo y la readecuación del mismo. Hoy, además, tenemos una reunión en la zonal 7 para tratar el tema con todas las rurales del sudoeste bonaerense. Estamos viendo ahora variantes inclusive de tipo judicial, estudiando los planteos jurídicos para ver cómo podemos encararlo por ese lado”, finalizó Salaverri.
Por su parte, George Breitschmitt, representante de Coninagro en la entidad provincial, dijo que “este incremento supera las capacidades contributivas de los productores”.
“No podemos medir solo un aumento por la inflación sino que debe tenerse en cuenta la capacidad de pago del contribuyente. Y responsabilizaría también a los legisladores que aprobaron aumentos por encima de la capacidad de pago. Otra discusión diferente que puede plantearse es cuál es el destino de esos impuestos”, indicó.
