Desde hace nueve meses, los productores y habitantes de una amplia zona de la provincia de Buenos Aires —sobre todo en su región central— vienen enfrentando una inundación como no se veía desde hace muchos años. Este evento climático, que por ahora no muestra señales de retroceder, expuso con crudeza reclamos que venimos planteando desde CARBAP hace tiempo ante autoridades municipales, provinciales y nacionales.
Todos, sin excepción, cargan con una cuota de responsabilidad que ya no pueden esquivar.
En la cuenca del río Salado —unas 17 millones de hectáreas— según cálculos realizados sobre imágenes satelitales tomadas entre el 11 y el 13 de noviembre, se registran aproximadamente 2.000.000 hectáreas inundadas/anegadas y casi 3.800.000 de hectáreas afectadas.
Cuando hablamos de superficie afectada, nos referimos a áreas que, aun sin agua visible, no poseen condiciones mínimas para avanzar con las labores de siembra: falta de piso, caminos intransitables y ausencia total de accesibilidad para maquinaria. En los hechos, son hectáreas que quedaron fuera de producción.
Desde CARBAP exigimos a los tres niveles de gobierno que asuman su responsabilidad.
Y establecemos un objetivo concreto, urgente e innegociable: Para el año 2030, las obras del Plan Maestro del Río Salado deben estar terminadas en su totalidad.
No se trata de un slogan ni de una expresión de deseo. Es una obligación moral, productiva y social. Estamos hablando de millones de hectáreas productivas, miles de familias rurales y millones de bonaerenses afectados directa e indirectamente.
No pedimos lo imposible. No hablamos de tecnologías revolucionarias ni de colocar una misión tripulada en Marte. Se trata de canales, puentes y obras hidráulicas básicas, para las cuales Argentina cuenta con técnicos, ingenieros y maquinaria disponible.
La capacidad existe; lo que falta es decisión política.
Y frente a quienes repiten que “no hay plata”, la respuesta es simple y contundente:
En esta cuenca sí hay plata: la generan los productores y la recaudan los tres niveles del Estado todos los años.
Por eso decimos: 2030 no es una meta aspiracional. Es un límite. Es una obligación. Y quienes gobiernan hoy —y quienes gobernarán mañana— deben asumir un compromiso público, explícito y verificable para cumplirlo.
Porque las inundaciones no esperan. Porque la producción no espera.
Porque la familia rural, la educación, la salud, la seguridad y el futuro del interior productivo tampoco pueden seguir esperando.
EN ADJUNTO EL INFORME COMPLETO
