Las entidades rurales integrantes de la Zona 8 de CARBAP expresamos nuestra
preocupación y rechazo a la implementación de las Resoluciones Generales Nº 20/2025
(C.A.B.I.) y Nº 05/2026 (Certificado de Cumplimiento Fiscal) de la Dirección General de
Rentas de La Pampa.
Si bien compartimos la necesidad de modernizar los mecanismos de fiscalización tributaria,
entendemos que esta medida termina trasladando al contribuyente tareas y
responsabilidades que corresponden al propio organismo recaudador. Bajo un sistema de
cruces automáticos de información, es el productor quien debe explicar, justificar y
acreditar permanentemente situaciones que muchas veces responden a las particularidades
propias de su actividad.
La preocupación es aún mayor en el sector agropecuario, donde los ciclos productivos, las
ventas estacionales, los plazos de cobro y la realidad económica del campo difícilmente
puedan ajustarse a parámetros automáticos uniformes. La utilización de coeficientes
generales para controlar actividades tan diversas corre el riesgo de generar observaciones
injustificadas y una creciente burocracia administrativa.
Más llamativo aún resulta que, pese a sostenerse que el sistema no contempla sanciones, la
existencia de observaciones pueda impedir la obtención del Certificado de Cumplimiento
Fiscal, documento exigido para numerosos trámites y gestiones. En los hechos, aquello que
se presenta como una simple herramienta de control termina produciendo consecuencias
concretas para los contribuyentes.
Por otra parte, si el objetivo es mejorar el control fiscal, ello podría haberse instrumentado
mediante mecanismos menos invasivos y de menor conflictividad, utilizando el sistema
como una herramienta interna de análisis de riesgo, estableciendo instancias previas de
advertencia y regularización voluntaria, evitando condicionarlo a la emisión de certificados
y contemplando parámetros más flexibles acordes a cada actividad y a la realidad
económica regional.
Estas medidas se suman a años de retenciones, percepciones y pagos a cuenta que obligan a
los contribuyentes a financiar anticipadamente al Estado, sin que exista una revisión
profunda de los efectos que estos mecanismos generan sobre la producción, la inversión y
el desarrollo económico provincial.
La modernización del Estado debe traducirse en más eficiencia y menos burocracia. No
puede consistir, una vez más, en trasladar mayores cargas administrativas a quienes
producen, trabajan e invierten en La Pampa.
Por ello solicitamos la revisión de esta resolución y la apertura de una instancia de diálogo
con los sectores productivos y profesionales involucrados, a fin de encontrar mecanismos
de control compatibles con la realidad económica de la provincia y con el respeto debido a
los contribuyentes.
Ante este escenario, recomendamos a los productores y contribuyentes informarse
adecuadamente y consultar con sus asesores contables y legales frente a cualquier
observación o requerimiento derivado de estos sistemas, ejerciendo plenamente sus
derechos y utilizando las herramientas administrativas y jurídicas que la normativa vigente
pone a su disposición.
