En el marco del acuerdo recientemente firmado con Estados Unidos, el cual CARBAP celebra por considerarlo un paso positivo hacia una mayor integración y apertura comercial, surgen preocupaciones respecto de los compromisos asumidos por el Gobierno Nacional en relación con una eventual adhesión de la Argentina al Acta UPOV 91.
Desde CARBAP consideramos necesario expresar con claridad nuestra posición institucional.
Argentina es miembro de UPOV 78 desde hace más de cuatro décadas. Este marco permitió el desarrollo del mejoramiento genético, la inversión en nuevas variedades y, al mismo tiempo, resguardó un principio esencial para el productor agropecuario: el uso propio.
Bajo este esquema, países como Brasil y Paraguay incrementaron significativamente su producción de soja, demostrando que es posible combinar innovación y crecimiento dentro de ese marco normativo.
Desde CARBAP entendemos que el país necesita reglas claras y previsibles que fortalezcan la propiedad intelectual en semillas y promuevan la innovación.
Los obtentores deben contar con mecanismos eficaces para proteger y cobrar por su trabajo. Sin embargo, la adhesión a UPOV 91 es el camino erróneo y no refleja lo que precisa la realidad productiva argentina.
El Acta 1991 restringe el uso propio, amplía los derechos del obtentor y modifica el equilibrio histórico entre quien desarrolla la tecnología y quien la adopta.
Nuestra posición es clara: es necesario y posible actualizar la legislación vigente, fortaleciendo la protección a los obtentores dentro del marco de UPOV 78, mejorando los mecanismos de control, registración y cobro de regalías, y aumentando la transparencia del sistema, sin alterar principios que forman parte de la cultura productiva argentina.
El debate no debe plantearse como una falsa disyuntiva entre innovación o productores. Argentina ya cuenta con una base productiva sólida, con millones de hectáreas sembradas con variedades modernas.
El problema no es la falta de voluntad de pago, sino la ausencia de un esquema equilibrado y consensuado.
Al mismo tiempo, resulta imprescindible abordar el verdadero obstáculo estructural que hoy limita el crecimiento del sector: los Derechos de Exportación (DEX). Mientras persista esta carga, que actúa como el principal tapón al aumento de la producción y la inversión, cualquier discusión sobre incentivos tecnológicos quedará inevitablemente condicionada.
CARBAP reafirma que cualquier modificación normativa debe surgir del diálogo entre productores, obtentores, industria y Estado, y no impuestas por compromisos externos. Las reglas que afectan la base tecnológica del agro no pueden definirse sin consenso.
La Argentina necesita más innovación, inversión y producción. Pero también necesita acuerdos inteligentes que respeten su realidad productiva y fortalezcan su competitividad.
