Desde CARBAP valoramos positivamente el dictamen de mayoría alcanzado en la Cámara de Diputados de la Nación para avanzar en la incorporación al Código Penal de figuras específicas vinculadas al vandalismo rural.
Se trata de un paso importante frente a una problemática que afecta desde hace años a productores de todo el país: daños sobre cultivos, silobolsas, alambrados, instalaciones, sistemas de riego, animales y otros bienes indispensables para el desarrollo de la actividad agropecuaria. Y a las familias rurales que quieren vivir con las mismas garantías de seguridad que los que viven en las zonas urbanas
Para quienes producen y viven en el campo, estos hechos no son una cuestión abstracta. Son daños concretos sobre el trabajo, la inversión y el esfuerzo de miles de productores y familias del interior.
Por eso, de cara al tratamiento del proyecto en el recinto, CARBAP hace un llamado a todos los diputados, pero especialmente a los diputados de Buenos Aires y La Pampa, para que, más allá de las posiciones políticas que puedan existir sobre otros temas, a la hora de votar esta iniciativa pongan por delante la necesidad concreta de garantizar la seguridad y el normal desarrollo de la actividad agropecuaria.
Entendemos y respetamos las diferencias políticas y partidarias propias del debate democrático. Pero hay cuestiones que deben poder construirse como políticas de Estado.
La seguridad rural y la protección de la producción no deberían quedar atrapadas en esas diferencias.
Por eso, convocamos a todos los legisladores a analizar el proyecto por su contenido y por la respuesta que puede brindar a una problemática real del interior productivo.
La discusión política no debería convertirse en un obstáculo para avanzar sobre una necesidad concreta que afecta a quienes viven y trabajan en el campo.
Desde CARBAP valoramos el trabajo de los legisladores que hicieron posible este dictamen y esperamos que el debate en el recinto permita avanzar en una respuesta concreta.
La seguridad rural no tiene partido político. Garantizarla y brindar herramientas para prevenir y sancionar estos hechos debe ser una responsabilidad compartida por todos.
