Un informe de la Fundación Mediterránea confirma que la sequía, en lugar de aliviar la situación fiscal, eleva la presión impositiva. Mientras se profundizan los quebrantos, el Estado sigue obteniendo recursos del campo.
Soja afectada por sequía, ola de calor y helada temprana en el partido de Bragado, Buenos Aires. (Imagen de Joaquín Lopetegui @patonlopetegui)
En el mismo informe en que los economistas Juan Manuel Garzón y Franco Artusso, del IERAL de Fundación Mediterránea, estiman que el ingreso de divisas por exportaciones caerá en U$S 18.000 millones por la sequía, también calculan que esto derivará en una pérdida de U$S 4.400 millones para el Gobierno debido a una menor recaudación de retenciones.
Pero esta rápida lectura puede llevar a un error de conclusiones: que el Estado perciba menos dinero por la producción agropecuaria, no significa que deje de recibirlos.
Pese a la catástrofe productiva, los ingresos solo por derechos de exportación se aproximarán a los U$S 5.300 millones, pero un indicador aún más fiel es que, en cualquier escenario productivo, el Estado se lleva más dinero de una hectárea que un productor.
Y lo que es peor, cuanto más caen los rindes, mayor es la tajada que acapara el Estado. Esto coincide con el último informe de participación del Estado en la renta agrícola elaborado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA).
MÁS QUEBRANTOS
“Por la magnitud del traspié productivo, en esta campaña los resultados económicos serán negativos en muchos establecimientos agrícolas del país”, advierten Garzón y Artusso en su análisis.
A partir de modelos de referencia estiman que, en la región extra pampeana, una pérdida de rindes superior al 15%/20% de los valores normales, lleva a una situación de quebranto a productores arrendatarios; y si la pérdida se acerca al 50%, los quebrantos son muy fuertes, del orden de los U$S 340 por hectárea.
En este ámbito geográfico, también enfrentan quebrantos los productores propietarios que tengan pérdidas de entre 40% y 50%.
Por su parte, en zona núcleo, productores propietarios pueden conservar números positivos con pérdidas del 50% de la producción, aunque debe notarse que justamente en esta zona es en la que se están observando ajustes de rindes aún mayores.
“Por el contrario, quienes arrendaron campos en zona núcleo pagando altos arrendamientos tendrán quebrantos muy fuertes, por caso, de U$S 576 por hectárea, en un escenario de rindes al 50% de los normales”, agregan los investigadores.
RENTA AGRÍCOLA
Respecto a la distribución de la renta que puede producir un establecimiento agrícola en esta campaña, entre sus participantes más relevantes (productores, propietarios de tierras, Estado), “el caso del Gobierno es probablemente el más interesante”, anticipan.
¿Por qué? Porque salvo que se pierda toda la cosecha, el Estado siempre logra extraer recursos de la actividad, por alguno o varios de los impuestos que cobra, cosa que no sucede con los productores (particularmente arrendatarios), que entran en quebranto cuando la productividad se aleja de la normal.
“En todos los casos de rindes posibles analizados, el Estado obtiene más recursos que un productor propietario, ampliándose la diferencia a mayor caída de rindes”, subrayan Garzón y Artusso.
Por ejemplo, con rindes 30% por debajo de los normales, el Estado recauda U$S 4,5 dólares por cada dólar ganado por el productor (zona extra pampeana); y con rindes 50% inferiores a los normales, el propietario perderá U$S 96 por hectárea, contra una recaudación de U$S 231 del Estado a través de las distintas ventanillas impositivas.
“Esta asimetría se hace mucho más notoria en el caso de arrendatarios, cuya renta se hace negativa rápidamente frente a una caída de rindes medios, mientras siguen generando flujos relevantes de recaudación para el Estado”, completan los economistas.
