Productores autoconvocados de Zárate alertaron que el intendente Marcelo Matzkin (PRO) disolvió la tasa destinada a la reparación de caminos rurales y creó un esquema general que no garantiza fondos para mantenimiento; afirman que la suba de la carga tributaria ronda el 400%
- 24 de abril de 2026
- 11:17
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LA NACIONMariana ReinkeEscuchar NotaSeguir en
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Productores agropecuarios autoconvocados del partido bonaerense de Zárate denunciaron un fuerte aumento en la presión fiscal municipal tras la eliminación de la tradicional tasa vial y de seguridad rural, reemplazadas por una “tasa general de alcance general”. Según advirtieron, no garantiza cuánto de lo recaudado se destina efectivamente al mantenimiento de caminos rurales. Además cuestionaron que el cobro del alumbrado público dentro de la factura eléctrica alcance incluso a establecimientos ubicados en zonas rurales sin luminarias.
En tanto, el intendente Marcelo Matzkin (PRO), aunque reconoció que la tasa vial se eliminó, rechazó que se trate de un incremento importante. “Lo recolectado por tasa de servicios generales de alcance individual de todos los inmuebles rurales va al consorcio de caminos rurales”, sostuvo el jefe comunal, que indicó que en 2025 se transfirieron $384.323.150,92 a ese consorcio de caminos.
Ricardo Runza, productor rural de la zona, calificó la situación como “inédita” y habló de una “voracidad fiscal” por parte del municipio conducido por Matzkin. “El 80% del territorio del partido de Zárate es rural y hoy tiene una voracidad fiscal transversal del intendente Matzkin”, afirmó a LA NACION Runza, al cuestionar la eliminación de la tasa de red vial y su reemplazo por un tributo general.
Según explicó, hasta fines de 2024 los productores pagaban una tasa vial y otra de seguridad rural, ambas con asignaciones específicas. Sin embargo, con la nueva ordenanza fiscal 2025 esos tributos fueron eliminados y absorbidos por una nueva tasa de carácter general.
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“Eliminaron la tasa de red vial y la tasa de seguridad y nos trataron como si fuéramos completamente parte urbana del municipio”, sostuvo.
El reclamo de los productores no se centra únicamente en el incremento de la carga tributaria, que estimaron en torno al 400%, sino en la falta de garantías legales sobre el destino de esos fondos.
“El tasazo del año pasado implicó pasar de un pago cuatrimestral por la tasa de red vial y la tasa de seguridad, vigente hasta diciembre de 2024, a una única tasa general de alcance general que comenzó a cobrarse mensualmente desde enero de 2025. En un lote de 30 hectáreas, por ejemplo, se pasó de pagar $14.000 cada cuatro meses a $30.000 por mes. En ese momento nos pareció razonable y por eso no hubo reclamos, sobre todo porque el intendente manifestó públicamente destinar el 70% de esa nueva tasa al mantenimiento de los caminos rurales pero ese compromiso no figura en la ordenanza”, explicó Runza.
“El problema apareció cuando comenzó a aplicarse el segundo componente de la tasa, denominado ‘macrolote’, que toma como referencia la valuación fiscal de ARBA. Como ese dato no estuvo disponible de inmediato, recién en julio llegó la boleta completa, con ambos componentes y además el retroactivo a enero. Ahí, ese mismo lote de 30 hectáreas pasó a pagar $250.000 en un mes, y hubo casos de hasta $5 millones. Hoy ese campo está pagando alrededor de $60.000 mensuales”, agregó.
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“No hay ningún compromiso legal para que se cumpla ese 70% de la recaudación para caminos rurales”, remarcó.
En ese contexto, el productor cuestionó que desapareciera la trazabilidad del dinero recaudado para infraestructura rural, en un distrito que, según indicaron, cuenta con unos 400 kilómetros de caminos de tierra en estado crítico: “El estado de los 400 kilómetros de caminos rurales es pésimo”.
El conflicto escaló, como se dijo, cuando comenzaron a llegar facturas con aumentos retroactivos asociados a un concepto denominado “macrolote”, que según los productores se calcula en función de la valuación fiscal provincial de cada campo. “El año pasado, como la Provincia le negaba al intendente la valuación fiscal de cada parcela rural que había en el municipio de Zárate, en la intendencia se tomaron como unos seis meses para poder tener toda esa valuación y poder hacer los cálculos. En julio, empezaron a llegar en las boletas el concepto de ‘macrolote’ de manera retroactiva a enero con importes de hasta dos millones de pesos. Ahí todos tomaron nota de lo que estaba pasando”, relató Runza.
Según denunciaron, este mecanismo implica una superposición tributaria sobre la base imponible del impuesto inmobiliario rural bonaerense. En ese sentido, los productores también cuestionaron a la Sociedad Rural local, conformada también por los partidos de Campana y Exaltación de la Cruz, por no haber impulsado acciones judiciales como un amparo colectivo frente al nuevo esquema impositivo.
Fernando Boracchia, vicepresidente de la Sociedad Rural de Exaltación de la Cruz, Campana y Zárate, reconoció el cambio de la tasa de red vial rural por la de servicios generales y que en su momento la entidad se manifestó absolutamente en contra de ese cambio.
“La ordenanza no deja claro cuánto de esa tasa se destina realmente a los caminos rurales. Desde el municipio argumentaron que el cambio buscaba equidad porque el productor también usa servicios urbanos, pero nosotros planteamos que, con esa lógica, el vecino urbano también debería aportar al mantenimiento de los caminos rurales. Lo advertimos en varias reuniones porque esta falta de precisión genera conflictos y dificulta saber qué parte de lo recaudado vuelve efectivamente al campo”, dijo.
El dirigente contó, además, que días pasados la entidad también creó una “ventanilla rural”, en la sede de la Sociedad Rural en Zárate, para gestionar bonificaciones y que estos beneficios lleguen al productor, incluso moratorias.
Pese a esto, unos 50 productores consideraron una falta de respuesta institucional y decidieron autoconvocarse, presentar una nota administrativa al intendente y avanzaron con un pedido de banca abierta en el Concejo Deliberante para reclamar cambios en el esquema tributario. “Buscamos que vuelva la tasa vial para que los caminos estén en mejor estado”, señalaron.
Otro de los puntos más cuestionados es la incorporación del alumbrado público en la boleta de electricidad rural, incluso en establecimientos donde no hay luminarias ni infraestructura urbana cercana: “Hay campos que pagan alumbrado público por caminos de tierra que no tienen ni un poste; los caminos rurales son una boca de lobo».
Según Runza, el municipio obtuvo autorización judicial para mantener ese esquema aun después de que el gobierno nacional intentara limitar esos cargos en las facturas de servicios públicos. “Es una locura que le cobren alumbrado público al campo. Nuestra propiedad rural da sobre un camino rural que no tiene alumbrado público”, sostuvo.
Por su parte, Matzkin rechazó que haya habido nuevos aumentos o cambios recientes y aseguró que el esquema tributario vigente rige desde septiembre del año pasado. “Nosotros no tenemos ninguna modificación del esquema tributario desde septiembre de 2024. No hay nada nuevo”, afirmó.
Matzkin explicó que el municipio eliminó tasas específicas y consolidó los cobros en una tasa de servicios generales con dos componentes: uno comunitario y otro individual. “Zárate ya no tiene tasa de red vial sino tiene una tasa de servicios generales”, indicó.
Según detalló, la parte correspondiente a inmuebles rurales se gira a un consorcio de caminos rurales administrado junto con la Sociedad Rural. “Lo recolectado por tasa de servicios generales de alcance individual de todos los inmuebles rurales va al consorcio de caminos rurales”, sostuvo, aunque en la ordenanza no se manifiesta.
Respecto del alumbrado público que se encuentra dentro de la factura que emite la cooperativa eléctrica, el jefe comunal señaló que no se trata de una tasa vinculada a la luminaria frente a cada propiedad, sino a la infraestructura general del distrito. “No está el concepto de que uno paga el foco que tiene afuera; es una tasa por el alumbrado de todo el municipio”, explicó. Y defendió su cobro dentro de la boleta eléctrica: “Fuimos en consulta previa a la Justicia Federal que nos autorizó a poder cobrarlo”.
Pese a esa explicación, entre los productores persiste el malestar por la falta de segmentación entre la realidad urbana y la rural. “El intendente ha intentado vanamente tratar de explicar lo inexplicable. No entiende lo que le cuesta al ruralista ganar dinero para pagar sus obligaciones bajo esta tremenda presión tributaria”, cerró Runza.
Por Mariana Reinke
