En un panel realizado en el Congreso de Aapresid, representantes del Gobierno, las semilleras y las entidades de productores coincidieron en que las posiciones se aproximaron para actualizar la normativa vigente desde 1973; persisten diferencias sobre el uso propio y la adhesión a UPOV 91, pero destacaron el avance del diálogo.
El debate reunió a Martín Famulari, presidente del Instituto Nacional de Semillas (Inase); Alfredo Paseyro, director ejecutivo de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA); Pablo Ginestet, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) y referente de la Comisión de Agricultura de CRA, y Marcelo Torres, presidente de Aapresid. El debate fue moderado por Ignacio Garciarena, secretario de la Fundación Barbechando.
Todos coincidieron en que la ley de semillas de 1973 quedó desactualizada y ya no acompaña los cambios que tuvo la agricultura. “Hoy tenemos una ley del año 1973 que quedó vieja, que no nos permite evolucionar en casi ninguno de los aspectos”, dijo Famulari. Explicó que hoy alcanza con acreditar el origen legal de una semilla para poder multiplicarla “hasta el infinito en tiempo y en cantidad” y sostuvo que es necesario avanzar hacia “un lugar moderno, más adaptado a lo que es el mundo”.
Desde el sector productivo Ginestet sostuvo que el objetivo es construir un sistema que dé previsibilidad tanto a quienes producen semillas como a quienes las utilizan. También remarcó que el desafío es dejar claramente definidos los derechos del obtentor y del productor para evitar conflictos futuros. “Yo creo que nos vamos a terminar poniendo de acuerdo. No estamos tan lejos”, aseguró.
Torres coincidió con ese diagnóstico. Recordó que las primeras reuniones se dieron solo entre las entidades de productores y que luego se decidió incorporar a todos los actores de la cadena. A su entender, ese cambio permitió entender mejor las distintas posiciones y empezar a construir acuerdos. “Teniendo buenas conversaciones, sería poco probable que no lleguemos a un acuerdo”, afirmó.
Uno de los temas que más diferencias genera entre productores y empresas semilleras es el uso propio. Esta vez, el eje ya no pasó por si esa práctica debía seguir existiendo, sino por definir en qué casos corresponde pagar por el uso de la genética y cómo implementar ese esquema.
