“Bajo la máscara de la sostenibilidad, buscan controlar nuestra producción”, criticaron desde CRA. “Nos piden algo que no pueden cumplir; deberían pagarnos más”, agregaron en la Sociedad Rural.
Por Infocampo
Ladeados por la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, los testimonios de Nicolás Pino y Carlos Castagnani, presidentes de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) dan muestra de un malestar que va creciendo sin freno en el agro.
Se trata de lo que comienza a tomar forma de una posición de resistencia del sector para con los cambios y obligatoriedades que exigen desde la Unión Europea en materia de producciones agropecuarias.
Fundamentalmente, el foco de conflicto es el reglamento que impone que, a partir del 1° de enero de 2025, el Viejo Continente solo importará soja y carne proveniente de campos “libres de deforestación” desde 2020 en adelante.
Para certificar que eso ocurre, y es lo que sucede en la gran mayoría de los campos argentinos, se creó la plataforma Visión Sectorial del Gran Chaco (VISEC), impulsada por la agroindustria con el respaldo de las entidades de la Mesa de Enlace.
Pero a medida que fue pasando el tiempo, comenzó a aparecer el enojo de los productores que consideran que no tienen por qué cumplir con normativas que exigen desde el exterior, y que en muchos casos violan normativas locales.
Además, denuncian que son parte de la denominada Agenda 2030, que pone el foco en la sustentabilidad ambiental, pero en muchos casos dejando abandonada a su suerte a la performance productiva.
Ahora ya son las entidades las que recogieron el guante y están planteando abiertamente su descontento, al punto de que la continuidad del VISEC, con el ruralismo adentro, comienza a generar dudas.
“Desde el sector productivo podemos demostrar que somos capturadores de carbono, con certificaciones reales”, dijo Nicolás Pino.
Y agregó: ““Desde la SRA entendemos que las exigencias de la UE son exageradas porque te piden algo que no son capaces de cumplir. Pero si lo van a imponer deberían pagarnos más por nuestros productos y por eso nos comprometimos desde el ámbito privado, junto con la Mesa de Enlace, con herramientas como el VISEC”.
Su par Carlos Castagnani fue algo más duro y directo: “Nos quieren imponer directrices desde el exterior, cuando los mismos países que la promueven han sido responsables de la degradación ambiental y los desastres ecológicos”.
“La Agenda 2030 es un paquete de imposiciones que, bajo la máscara de la sostenibilidad, busca controlar nuestra producción y poner en riesgo nuestra libertad para decidir cómo y cuándo producir”, acusaron.
Para Pino la situación ya tomó forma de un control que excede lo comercialmente permitido.
“Participar en esta iniciativa no significa avalar o aprobar una nueva imposición de la Unión Europea al comercio, que se presenta como una barrera paraarancelaria”, expresó.
“Desconoce nuestras leyes locales y las autorizaciones para llevar adelante prácticas legales en nuestro territorio infringiendo nuestra soberanía. Esta posición de la SRA fue ratificada por la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur y en la Organización Mundial de Agricultores”, sumó.
Por su parte, Castagnani abrió la puesta a que CRA ya no forme parte del VISEC: “Estamos haciendo una revisión minuciosa para tomar una postura definitiva como entidad”, manifestó. .
80 AÑOS DE LA RURAL DE SALTA
A su vez se celebró este fin de semana el 80° aniversario de la Expo Rural de Salta, cita a la cual acudió la vicepresidenta Villarruel.
En ese marco Pino puso en valor la presencia de la Vicepresidente de la Nación en dicho evento y en referencia al contexto del país y el campo dijo: “Hace meses que la Argentina se encuentra realizando un gran esfuerzo, en el marco de este gran proyecto que busca sanear a la economía y sabemos que mucho se tuvo y se tiene aún que hacer para ordenar el resultado de años de desequilibrio”.
También, mantuvieron reuniones con dirigentes de Corrientes, Jujuy, Salta y Tucumán donde intercambiaron visiones sobre las producciones regionales.
Por su parte, Castagnani cargó en materia de retenciones: “Sabemos las intenciones de las autoridades actuales de ir hacia la eliminación de las mismas cuando estén dadas las condiciones”.
“Entendemos la situación, pero necesitamos, ante la baja de precios internacionales, el alza de los costos productivos y la presión tributaria, que se pueda consensuar con las autoridades un cronograma gradual de reducción de retenciones, hasta llegar a su eliminación total. Hoy los números son de quebranto”, alertó.
Y pidió que se “revise la Ley Ovina o se tomen otras medidas para acompañar la recuperación de esta producción”.
